Entender los derechos humanos puede parecer complejo. Sin embargo, algunos principios son fundamentales para su protección y avance. Uno de esos principios clave es la progresividad.
¿Qué Significa Progresividad?
La progresividad en los derechos humanos significa que el Estado tiene la obligación de avanzar, de manera continua, en la realización plena de estos derechos. Esto implica que el Estado debe mejorar las condiciones para que las personas puedan disfrutar cada vez más de sus derechos. No se trata de mantener las cosas como están, sino de ir hacia adelante.
Esencialmente, la progresividad significa que una vez que un derecho ha sido reconocido y protegido en un cierto nivel, el Estado no puede retroceder. Es decir, no puede adoptar medidas que disminuyan ese nivel de protección. A esto se le conoce como la prohibición de regresividad.
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Ejemplos de Progresividad
Consideremos el derecho a la salud. La progresividad significa que el Estado debe, con el tiempo, ampliar la cobertura de los servicios de salud. Esto podría incluir la construcción de más hospitales, la capacitación de más médicos y enfermeras, o la ampliación de la lista de enfermedades cubiertas por el seguro médico público. El Estado no podría, por ejemplo, cerrar hospitales públicos existentes sin ofrecer alternativas equivalentes, ya que esto sería una regresión.
Otro ejemplo lo encontramos en el derecho a la educación. La progresividad implica aumentar la accesibilidad a la educación. Esto puede significar implementar programas de becas, construir más escuelas en áreas rurales o marginadas, o mejorar la calidad de la enseñanza. Disminuir el presupuesto para la educación pública sería un retroceso inaceptable.
En cuanto al derecho a la vivienda, la progresividad obligaría al Estado a implementar políticas que faciliten el acceso a viviendas dignas y adecuadas. Esto podría incluir la construcción de viviendas sociales, la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación, o la entrega de subsidios para el alquiler. Permitir el desalojo masivo de familias sin ofrecer alternativas de vivienda sería una violación al principio de progresividad.
¿Cómo se Aplica la Progresividad?
La progresividad no es una tarea sencilla. Requiere que el Estado planifique, invierta recursos y evalúe constantemente el impacto de sus políticas. También implica la participación de la sociedad civil en el diseño e implementación de estas políticas. Es un proceso continuo de mejora.
La progresividad también está ligada a los recursos disponibles. El Estado debe utilizar al máximo los recursos a su alcance para avanzar en la realización de los derechos humanos. Sin embargo, la falta de recursos no justifica la inacción o la regresión. El Estado debe demostrar que está haciendo todo lo posible para avanzar, incluso en situaciones de crisis económica. A esto se le conoce como la obligación de utilizar el máximo de los recursos disponibles.
Además, el principio de no discriminación juega un papel crucial en la progresividad. El Estado debe asegurar que todas las personas, sin distinción alguna (por motivos de raza, género, religión, etc.), tengan acceso a las mejoras en la protección de los derechos humanos. La progresividad debe beneficiar a todos por igual.
La Prohibición de Regresividad
La prohibición de regresividad es una parte esencial de la progresividad. Significa que, una vez que se ha alcanzado un cierto nivel de protección de un derecho, el Estado no puede tomar medidas que disminuyan ese nivel. Cualquier medida que implique un retroceso debe ser justificada de manera muy rigurosa y debe demostrarse que es estrictamente necesaria y proporcional.
Por ejemplo, si un país ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, revertir esa legislación sería una regresión inaceptable. De igual manera, si se ha establecido un salario mínimo, reducirlo sería una violación del principio de no regresividad.
En resumen, la progresividad en los derechos humanos es un principio fundamental que obliga a los Estados a avanzar continuamente en la protección y realización de estos derechos. La prohibición de regresividad asegura que no se retroceda en los avances logrados. Este principio es esencial para construir sociedades más justas e igualitarias.
