Los Derechos Humanos Progresivos significan que el logro de la plena efectividad de los derechos humanos es un proceso gradual y continuo, no un evento instantáneo. Implica que los Estados tienen la obligación de avanzar lo más rápida y eficazmente posible hacia la realización plena de estos derechos, utilizando todos los medios apropiados.
Un aspecto clave es la obligación de no regresividad. Esto significa que una vez que un Estado ha alcanzado un nivel de protección de un derecho humano, no puede tomar medidas que disminuyan ese nivel, a menos que existan justificaciones muy sólidas y demostrables. Cualquier medida que implique un retroceso debe ser cuidadosamente examinada y justificada.
Otro aspecto fundamental es la obligación de avanzar. Los Estados no solo deben evitar retroceder, sino que también deben tomar medidas positivas para mejorar la realización de los derechos humanos. Esto puede incluir la adopción de nuevas leyes, políticas, programas y la asignación de recursos adecuados.
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La disponibilidad de recursos juega un papel importante. Si bien los Estados deben hacer todo lo posible para realizar los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce que la plena realización de algunos derechos, especialmente los económicos y sociales, puede depender de los recursos disponibles. Sin embargo, la falta de recursos no justifica la inacción ni el retroceso. Los Estados deben demostrar que están utilizando todos los recursos disponibles al máximo de sus posibilidades.
Un ejemplo claro es el derecho a la educación. Un Estado podría comenzar garantizando la educación primaria gratuita y obligatoria. Progresivamente, debería avanzar hacia la universalización de la educación secundaria y, eventualmente, facilitar el acceso a la educación superior.
Otro ejemplo podría ser el derecho a la salud. Un Estado podría empezar ofreciendo servicios básicos de atención médica a la población. Con el tiempo, debería ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios y abordar determinantes sociales de la salud, como la vivienda y la alimentación.
Es importante recalcar que el carácter progresivo no significa que los Estados puedan posponer indefinidamente la realización de los derechos humanos. Deben establecer metas concretas, adoptar planes de acción y rendir cuentas sobre los progresos realizados. El monitoreo y la evaluación son esenciales.
En la práctica, el concepto de progresividad se aplica en la evaluación de las políticas públicas y la legislación. Los tribunales y otros órganos de supervisión de los derechos humanos a menudo utilizan este principio para determinar si un Estado está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos. La progresividad asegura que la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa sea un camino constante y ascendente, en beneficio de todos.
